Según los datos oficiales del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas , antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor entre sus filas. A partir de ahora, se da por descontado que esta cifra crecerá hasta un 40%. El gasto medio por propietario en una comunidad de vecinos, ronda los 1.000 euros, lo que incluye servicios básicos, mantenimiento de zonas comunes y pago de impuestos municipales. Todos ellos son de pago obligado, aunque cuando uno llega a vivir en un edificio se deben abonar también las cuotas de participación establecidas por cada vecino. La Ley de Propiedad Horizontal indica claramente que está prohibido dejar de pagar las cuotas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias, más allá de que no se utilicen elementos y servicios comunes. No existen exoneraciones ni excepciones, como tener cerrado el piso o local, no usar la calefacción central, la piscina o el ascensor. Cuando se produce un impago generalmente el primer paso será realizar un requerimiento de forma amistosa. Sin embargo, si este paso fracasa y el propietario no abona los gastos que adeuda la junta de propietarios puede reclamar por vía judicial la deuda, aprobando en una reunión previa la liquidación y la presentación de la demanda. Si tras la presentación de la demanda y su notificación al propietario deudor éste continúa sin abonar, el procedimiento sigue su curso, realizándose una presentación judicial en la que se puede pedir hasta el embargo de los bienes.
